El Gobierno le solicitará tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, extender la medida constitucional para provincias del Biobío y la Región de La Araucanía, ya que, según la ministra Izkia Siches, esta “ha permitido reducir los hechos de violencia en más de un 42%”. Legisladores de distintos sectores anunciaron que respaldarán la prórroga.
Para las 10:00 horas de este martes está programada la sesión donde la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados discutirá y votará la prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia para la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, ante los hechos de violencia en la macrozona sur.
El Gobierno tomó la decisión de extender la vigencia de la medida, ya que esta “ha permitido reducir los hechos de violencia en más de un 42%”, dijo la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches.
En ese sentido, detalló que la herramienta “ha permitido, como medida complementaria, llevar el Plan Buen Vivir a la zona y contribuir con muchas de las funciones que el estado desempeña en el territorio: la construcción de caminos, llevar suministros básicos esenciales como alimentos, petróleo y gas”.
El Senado también tiene programado discutir y votar la solicitud del Ejecutivo para las 16:00 horas de este martes, en el caso de que el proyecto fuese despachado por la Cámara Baja y reciba el oficio respectivo que comunique la decisión de dicha corporación.
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Parlamentarios de distintos sectores anunciaron que respaldarán la solicitud del Gobierno, aunque, algunos de ellos, han hecho hincapié en que es “importante avanzar en la agenda de fondo”, como dijo el diputado de Convergencia Social (CS) Diego Ibáñez.
Por su parte, el diputado del Partido De la Gente (PDG) Rubén Oyarzo manifestó que le parece “correcto que el Gobierno haya renunciado a los sesgos ideológicos, considerando los datos respecto de la presencia de las Fuerzas Armadas en la macrozona sur y bajo eso, decida prorrogar el estado de excepción constitucional en cuatro provincias del Biobío y en la región de La Araucanía”.
En tanto, el diputado del Partido Socialista (PS) Raúl Leiva sostuvo que “el Estado debe ser capaz de recuperar el control de su territorio, por eso me parece una medida adecuada la prórroga del estado de excepción constitucional que va a proponer al Congreso Nacional el gobierno del presidente Gabriel Boric y, por eso, la vamos a apoyar, porque lamentablemente las condiciones actuales de la macrozona sur así lo requieren”.
Desde el sector contrario, el diputado independiente apoyado por Partido Republicano (PREP) Stephan Schubert afirmó que, como equipo, “nos parece una buena medida y, por supuesto, que cuenta con nuestros votos, así como lo hizo la vez pasada. Lamentamos, eso sí tanta tardanza en determinar esta medida tan importante que el mismo Gobierno reconoce hoy día que ha tenido un impacto de un 42% en la reducción de los hechos violentos”.
En la Democracia Cristiana (DC), el senador Matías Walker afirmó que “por supuesto que voy a votar a favor de la renovación del estado de excepción constitucional que ha pedido el presidente Boric para la macrozona sur”.
Por otro lado, el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Jorge Alessandri, valoró la medida, pero dijo que en el Gobierno “se van dando cuenta de ciertas cosas, pero tarde. Tres meses sin estado de excepción provocó muertes, provocó ataques incendiarios, provocó amenazas de la CAM de tomarse los colegios. Cada día que se demoran en reconocer que las ideas de otro sector político servían para resolver los problemas, cada día se pierden vidas”.
Finalmente, el senador de Evolución Política (Evópoli) Felipe Kast manifestó que “lo único que pido a la ministra Izkia Siches es que esta renovación no sea a medias tintas, que sea un estado de emergencia en serio. Volvamos a recuperar el sentido común. Si hoy día los únicos que se ríen de nosotros son los terroristas y las víctimas se sienten completamente abandonadas”.
Pese a ello, también existen voces contrarias a la medida, por lo que Siches y otros secretarios de Estado acudirán al Congreso Nacional para exponer los argumentos de la decisión, con el fin de conseguir sus respaldos legislativos.
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