El Congreso tramita de forma especial los proyectos de seguridad luego del atentado con triple homicidio de carabineros en Cañete. Ambas iniciativas cuentan con “suma urgencia” por parte del Ejecutivo.
Para las 16:00 horas de este jueves está programada la sesión en donde la Sala del Senado votará el proyecto que busca reformar la denominada Ley Antiterrorista.
La moción determina conductas terroristas, fija su penalidad y deroga la legislación vigente sobre la materia. Esta tiene calificación de “suma urgencia” por parte del Ejecutivo, por lo que el Congreso debe dar mayor celeridad a la tramitación.
Tras el brutal asesinato de los tres carabineros en Cañete, en la Provincia de Arauco (Región del Biobío), la Cámara Alta -a través de su mesa directiva y los comités parlamentarios- acordó suspender la semana regional para que las comisiones de Constitución, Seguridad Pública y Defensa tramiten iniciativas puntuales.
El martes, la Comisión de Constitución estudió y votó las 42 indicaciones que fueron ingresadas para modificar Ley Antiterrorista. Por la mañana se avanzó en las definiciones de las penas y de lo que se entenderá por asociación terrorista, quedando pendiente para iniciar la sesión de la tarde la definición sobre los delitos cometidos en solitario y sin conexión, los denominados “lobos solitarios”.
Tras la explicación de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, y del fiscal nacional, Ángel Valencia, la comisión se inclinó con cuatro votos a favor y uno en contra por mantener la figura del “lobo solitario”, en el entendido de que algunos atentados, como el caso del envío de bombas a exautoridades, fueron cometidas por personas que corresponden a esa figura.
Además, tal como sucedió en la sesión de dicha mañana, hubo varias indicaciones que fueron rechazadas por estar ya contenidas en otras disposiciones, como la que proponía que no se apliquen penas sustitutivas a las privativas de libertad en estos casos, ya que la mayoría de los delitos contenidos en esta ley no aplican para acceder a penas sustitutivas.
En tanto, se aprobó una disposición que aumenta las sanciones para los funcionarios públicos que, en el desempeño de su cargo, cometa cualquiera de los delitos contemplados en esta ley.
Uno de los temas que concitó debate tuvo relación con las normas que permiten a los fiscales solicitar autorización para intervenir una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles mediante la operación de tecnologías. Los senadores del Partido Comunista (PC), Claudia Pascual y Daniel Núñez, presentaron una indicación para eliminar dicha norma, argumentando que raya en la inconstitucionalidad, mientras que el Ejecutivo sostuvo que le presentará indicaciones para acotarla.
Tras un intercambio de posturas, se optó por respaldar, con el voto en contra de la senadora Pascual, el texto tal como venía de la Comisión de Seguridad en el entendido que el Ejecutivo hará precisiones durante la tramitación.
Además, se aprobó por mayoría una norma que permite al Ministerio Público solicitar el traslado de las causas, previa autorización del pleno de la Corte Suprema, cuando existan casos de especial complejidad o alarma pública.
Al término de la sesión, la ministra Tohá agradeció el trabajo hecho por la comisión, señalando que “aquí se ha buscado combinar la prontitud con un trabajo serio, concentrado y sin desenfocarse”. Fue así que el proyecto se despachó a la Sala.
Si la reforma a la Ley Antiterrorista es aprobada en la Sala del Senado, esta continuará su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Para las 10:00 horas está programa la sesión en donde la comisión unida de Constitución y Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados analizará y votará en particular hasta total despacho el proyecto de Reglas de uso de la fuerza (RUF). Este trabajo legislativo también fue convocado de forma especial por parte de la corporación tras el atentado en Cañete.
En concreto, la iniciativa -que también cuenta con suma urgencia por parte del Ejecutivo- busca establecer normas generales sobre el empleo de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas en las circunstancias que la moción señala.
En la sesión del martes, el grupo parlamentario abordó el capítulo referente a los deberes del personal. En este marco se aprobó una serie de indicaciones. La primera de ellas establece un nuevo “deber de preocupación”, especificando que las operaciones y procedimientos deberán, según sea el caso, contar con una planificación adecuada que considere las precauciones necesarias para proteger al personal, minimizar la necesidad de recurrir al uso de la fuerza y reducir al mínimo los daños que puedan provocarse.
Otro punto aprobado refiere al deber de identificación del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública antes de recurrir al uso de la fuerza.
Entre las opciones de identificación están la exposición del uniforme institucional con el distintivo respectivo. También con la placa de la institución, vehículo con características que lo distingan o a través de cualquier otro medio idóneo, siempre que con ello no se cree un riesgo de muerte o lesiones graves en su persona o de terceros.
Para lo anterior, se tendrá en especial cuenta el nivel de peligrosidad de la situación, sin perjuicio de aquellos casos en que la ley excluya este deber.
El grupo legislativo, igualmente, concordó una indicación sustitutiva relativa a la formación y capacitación del personal para hacer uso de la fuerza en estricto cumplimiento de la presente ley.
También se detalla que ellas corresponderán realizarse de forma periódica. Además, su cumplimiento deberá acreditarse por las instituciones de las Fuerzas del Orden y Seguridad o por quienes ellas deleguen, mediante las certificaciones que correspondan.
Asimismo, se establece que deberá dotarse al personal del equipamiento adecuado para proteger su vida e integridad física o la de terceros, de conformidad con las funciones que desempeñe. El objetivo es asegurar siempre condiciones indispensables, sin perjuicio de las limitaciones que imponga la disponibilidad presupuestaria.
Dicha jornada también estuvo marcada por respaldo a otros deberes, como el de advertencia, gradualidad o progresión, reducción al mínimo daños y lesiones, prestación de auxilio en caso de uso de la fuerza, y protección y resguardo de niños, niñas y adolescentes. También, se debatieron los grados de resistencia o agresión, detalle de las etapas del uso de la fuerza y las definiciones que tendrán las fases en la normativa.
Para mañana está programada la sesión en donde la Sala de la Cámara votará la iniciativa junto al proyecto que crea el Ministerio de Seguridad.
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