Desde la empresa indicaron que con las acciones judiciales buscaban "contar con la protección del Estado para evitar ser víctimas de nuevos ataques y que obedecían a una situación puntual en las que habíamos detectado riesgos para la seguridad de nuestros locales".
El contexto del estallido social, la empresa Walmart Chile decidió retirar los seis recursos de protección que presentó en contra del Estado de Chile en los que lo acusaba de incumplir su deber de garantizar el orden público y la seguridad interior debido a los saqueos e incendios que han sufrido varios de sus locales a lo largo del país.
Las acciones judiciales fueron presentadas el pasado 13 de noviembre debido a que, según explicaron desde la empresa, desde el 18 de octubre ha sufrido más de 1.300 incidentes –128 locales saqueados y muchos de ellos resaqueados, 35 supermercados quemados y 18 complemente destruidos- con un total de 97 supermercados cerrados actualmente.
La decisión recibió duros cuestionamientos de organismos como el Consejo de Defensa del Estado (CDE), y finalmente este sábado la compañía comunicó su decisión de desistir en los recursos de protección presentados en las cortes de Apelaciones de Valdivia, Puerto Montt, Arica, Concepción, Chillán y Temuco.
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“Respecto a la presentación de recursos de protección, es importante precisar que éstos buscaban contar con la protección del Estado para evitar ser víctimas de nuevos ataques y que obedecían a una situación puntual en las que habíamos detectado riesgos para la seguridad de nuestros locales, específicamente en Arica y en algunas ciudades del sur del país, en el contexto de manifestaciones anunciadas para esas zonas”, explicó Walmart a través de un comunicado.
“Sin embargo, los hechos que dieron lugar a las acciones presentadas se produjeron principalmente en las ciudades de Coronel y Arica, no así en el resto de las ciudades del Sur mencionadas en dichos recursos. Por esta razón, Walmart Chile ha decidido no persistir en estos recursos”, continuó.
Finalmente, la empresa indicó que a través de estos recursos “en ningún caso pretendió recibir un trato preferencial respecto a otros actores de la industria, ni tampoco responsabilizar al Estado por los daños ocurridos en sus locales, sino que por el contrario, los recursos tenían la finalidad de solicitar la seguridad que en razón del riesgo y peligro en cada caso fuese necesario”.
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desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
