En el primer episodio de "Constitución 80: Camino al Plebiscito", Macarena Pizarro reconstruyó la labor que tuvo la instancia presidida por Enrique Ortúzar entre 1973 y 1978, la cual sentó las bases de la actual carta fundamental. Acá conocerás quiénes fueron los protagonistas y cuál fue el camino para llegar al cuestionado documento.
“Convoco a los chilenos mayores de 18 años a un plebiscito para que se pronuncien sobre la aprobación o rechazo del texto constitucional propuesto por la junta de gobierno”. Estas fueron las palabras de Augusto Pinochet el domingo 10 de agosto de 1980.
El anuncio del plebiscito para la Constitución de 1980 puso a los chilenos ante una inédita disyuntiva en plena dictadura. Pero la rutina de la ciudad siguió inalterable por varios días.
Era la época de los peinados voluminosos y de la apertura económica. La banca local contaba con plata fresca gracias a millones en préstamos del extranjero.
Claudio Fuentes, cientista político de la Universidad Diego Portales, relata que “Chile estaba en un momento de auge (…) Había una sensación económica favorable y Pinochet le dice a la gente: a usted le va a ir bien con esta Constitución”.
“La Junta de Gobierno ha terminado el estudio del proyecto de la nueva Constitución política de la república”, señaló Pinochet ese 10 de agosto de 1980, y agregó que “este hecho marca un hito trascendental en la vida de la nación, ya que corresponderá ahora a la ciudadanía dar un nuevo y decisivo paso por la senda en la que ha venido caminando Chile, desde el mismo 11 de septiembre de 1973″.
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Dos días después del golpe de Estado, la Junta de Gobierno se reunió en el edificio Diego Portales. El acta del encuentro consigna que ya “se encuentra en estudio la promulgación de una nueva constitución política” a cargo de Jaime Guzmán Errázuriz.
Juan Luis Ossa, historiador Centro de Estudios Públicos, afirma que “la Junta en el primer bando establece que se ha llevado a cabo la intervención en nombre de la Constitución para salvarla. Rápidamente, sin embargo va quedando claro que la Junta no sólo ha llevado a cabo un Golpe de Estado, no sólo se ha arrogado el poder ejecutivo sino también el poder constituyente o, la iniciativa constituyente”.
El mismo día 13 de septiembre de 1973 se clausura el Congreso y quedan fuera de la ley los partidos marxistas. La Junta asume el Poder Legislativo, o sea, dicta leyes.
El Comandante en Jefe de la FACH, Gustavo Leigh, reunió a los primeros juristas para encomendarles la tarea de proyectar una nueva constitución. Seis días más tarde se reúne por primera vez la comisión, que llevará el nombre de quien la presidirá: el abogado Enrique Ortúzar, un ex ministro del presidente Jorge Alessandri.
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“La amarga experiencia marxista que el país vivió y la lucha permanente entre la libertad y la esclavitud totalitaria en la que se debate el mundo de hoy nos demuestra que existe un poderoso adversario que se infiltra en las sociedades libres y que al igual que el cáncer corroe el cuerpo humano, destruye sus bases esenciales hasta apoderarse de los estados desde adentro”, señaló Ortúzar en una entrevista de archivo.
Pablo Rodríguez, abogado y fundador de Patria y Libertad, dijo sobre la Carta Magna de 1925 que “esa Constitución permitió la degradación de los valores nacionales, la infiltración del marxismo totalitario y colocó al país es una situación crítica y caótica que estuvo a punto de dejarnos prácticamente en poder del imperialismo soviético como un satélite más de aquella potencia extranjera”.
Salvador Allende llegó al poder por la vía democrática gracias a esa constitución. Por ello, sus detractores vieron que el problema radicaba en esa Constitución.
Así, la comisión de estudios queda integrada, entre otros, por el entonces senador del Partido Nacional, Sergio Diez; los abogados Jorge Ovalle, Alicia Romo, Enrique Evans y Alejandro Silva; junto al dirigente gremialista Jaime Guzmán.
“No sólo éramos profesores de la UC, sino que vivía frente a mi casa y nos juntábamos y analizábamos las cosas que teníamos que plantear en la Constitución y teníamos un mismo pensamiento. Era un pensamiento no sólo demócrata, sino un pensamiento social cristiano”, afirmó Diez sobre Guzmán.
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“Era enteramente reaccionario, honestamente reaccionario, honestamente de la derecha más extrema y de un catolicismo conservador”, añade Ovalle sobre el fundador de la UDI.
En marzo de 1974, la junta militar entrega su declaración de principios. La pluma de Guzmán está en la redacción del texto que fija las bases de lo que será la Constitución de 1980.
Carlos Cáceres, miembro del Consejo de Estado en 1976, aseguró que “en ese documento, la declaración de principios, se plantean primero que nada que el Estado está al servicio de la persona y no al revés. En segundo lugar que la finalidad del Estado es la búsqueda del bien común. La tercera que el principio de subsidiariedad debe ilustrar el comportamiento de la sociedad, y por último que compatible con la subsidiariedad del estado, el libre mercado, la libre economía, un sistema de libre mercado es el que debe imperar en el orden económico”.
Y para que haya orden económico debe haber orden social, lo que se consigue con un gobierno fuerte, de corte autoritario, como lo explicitan en el documento en donde se señala que, “conforme a la inspiración portaliana que lo guía, el Gobierno de las FF.AA y de Orden ejercerá con energía en principio de autoridad, sancionando drásticamente todo brote de indisciplina o anarquía”.
Sobre esto, Pinochet dijo que “nuestra única ambición debe ser dejar como herencia un Chile bajo una nueva concepción, bajo una nueva democracia, donde exista una democracia como forma de vida con una autoridad fuerte para que esta sirva de protección a esa democracia”.
Para protegerla no todos pueden participar en ella. En la declaración de principios de la Junta Militar los partidos y movimientos marxistas quedan excluidos de la vida cívica. “Chile no se declara neutral frente al marxismo. Se lo impide su concepción del hombre y la sociedad. (…) Por lo tanto el actual Gobierno no teme ni vacila en declararse antimarxista”, apunta el mencionado texto.
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Esto se plasmaría en el polémico Artículo 8 del proyecto constitucional, lo que generó un quiebre en el grupo en 1977. “Yo dije, esta disposición es cavernaria ni un estado salvaje la aprobaría” afirmó Ovalle y agregó: “Naturalmente no sabía que esto se grababa y se transmitía directamente al gobierno”.
Las palabras de Ovalle cayeron mal en la Junta. La ministra de Justicia, Mónica Madariaga, telefoneó al jurista radical. “Me dijo ‘aló, señor Ovalle’. Nunca me decía señor Ovalle, me decía gordito, que se yo, muy cariñosa. La mierda dije yo, aquí se viene. ‘Sí ministra, a sus órdenes’. ‘Lo llamo para comunicarle que usted ha cesado en su integración a la Comisión Constitucional, es una orden del presidente, le ruego me presente su renuncia’. Y me cortó. Yo no renuncié, me tuvieron que echar”, relató.
Antes de Ovalle, los abogados Alejandro Silva y Enrique Evans habían renunciado a la comisión, luego de que el Gobierno Militar disolviera todos los partidos políticos. Raúl Bertelsen, abogado que integró la Comisión Ortúzar, dijo que “fue precisamente la salida y la necesidad de reemplazarlos que se produjo a fines del ’78 lo que llevó en 1977, abril y mayo, a nombrar a tres nuevos integrantes: Luz Bulnes, Juan de Dios Carmona y yo”.
En julio ocurre el que muchos interpretan como el inicio del proceso refundacional de Chile impulsado por los militares. El anuncio de un plan que no sólo proyectaba al gobierno en el tiempo, sino que fijaba plazos para la construcción de una nueva institucionalidad. Una liturgia llena de simbolismos en la que participaron 77 jóvenes se realizó en el cerro Chacarillas de Santiago.
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Claudia Heiss, cientista política de la Universidad de Chile, afirmó que “Guzmán dijo expresamente varias veces que el objetivo de este diseño era que si llegaban a gobernar los adversarios no pudieran hacer algo muy distinto de lo que ellos mismos harían”.
“Pero decir que la Constitución ha sido pétrea, decir que Jaime Guzmán dijo que se hizo para evitar que se pueda modificar Eso es totalmente equivocado, es falso. La constitución se ha modificado más de 50 veces, entre el año ’90 y hoy”, manifestó Arturo Fermandois, abogado constitucionalista.
Por su parte, Ossa afirma que “el discurso es hay que fundar una nueva sociedad y la forma, creen ellos de hacerlo, es mediante una Constitución. No asignándole otra vez un valor a la Constitución que yo creo que no, que no tiene, no por el mero hecho de publicar un articulado surge una nueva sociedad. Las sociedades no se fundan, no se forman, por decreto digamos”.
En noviembre de ese año, Pinochet visita la comisión Ortúzar. Ahí el dictador entregó lineamientos para la nueva Constitución. Tras ellos también está la pluma de Jaime Guzmán. “Fueron ideas, algunas de las cuales ya se habían analizado en la Constitución y no había ninguna discusión. No hubo ningún un instructivo ahí que diga ‘mire, la comisión tiene que proponer tal y cual o cuales soluciones’, entre otras razones porque la comisión era asesora, no era resolutiva y después en el momento, quién decidió el texto de la constitución, fue la junta de Gobierno el año ’80”, indicó Bertelsen.
Luego de 5 años de trabajo, la Comisión Ortúzar termina su tarea y entrega el proyecto. Ahora será el Consejo de Estado quien deberá visar la futura Constitución. “El Consejo de Estado se formó el año 1976 y fue la respuesta a la primera inquietud que tuvo el Gobierno Militar respecto a crear una nueva institucionalidad. Estaba presidido por don Jorge Alessandri e integraba también el Consejo de Estado don Gabriel González Videla”, señala Cáceres.
El organismo fue creado con la primera de las llamadas Actas Constitucionales un mes después que la ONU condenara a Chile por institucionalizar la tortura. “Y la segunda no solo tiene extraordinaria trascendencia, sino que cobra especial relevancia y actualidad en instantes en que lamentablemente el más alto organismo internacional influenciado por una perversa y vil maquinación del comunismo soviético ha acusado a nuestro país de una supuesta violación de los Derechos Humanos”, asevera Ortúzar.
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Eduardo Frei Montalva declinó participar del Consejo de Estado pese a que por derecho propio podía, en su calidad de ex presidente. Pinochet designaba a los otros miembros: ex integrantes del aparato del Estado y de las Fuerzas Armadas más representantes de la sociedad civil. A nombre de la juventud: Juan Antonio Coloma.
“Si había algo en lo que estábamos todos convencidos, yo era súper joven, pero lo había aprendido de mis profesores, de la historia, que la constitución del ’25 había sucumbido y eso, unos y otros, lo compartíamos. Uno podía pensarlo de la forma que pensarlo, pero era claramente una constitución que no tenía nada que ver con lo que se necesitaba”, afirmó Coloma.
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