1817 y 1925 son algunos de los años en que los chilenos han sido consultados por cambios importantes para nuestra historia. De cara al nuevo proceso del 25 de octubre, los expertos coinciden en un punto: el plebiscito de 1988 es con el que se pueden establecer las mayores similitudes.
De acuerdo a los registros de la época, 315 personas sufragaron en el plebiscito constitucional de 1812. Es el primero de la historia nacional y con él se buscaba ratificar el Reglamento Constitucional Provisorio de Chile. Se abrió un libro de firmas en el centro de Santiago, donde se esperó por tres días a los votantes, y aunque algunos políticos se negaron a firmarlo, la votación permitió que el texto fuera aprobado y luego se enviara al resto de las provincial como documento oficial.
Al igual que los procesos que siguieron en el siglo XIX -en 1817 y en 1818-, el plebiscito de 1812 tuvo una baja representación. El cientista político de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, asegura que “participaban hombres que tenían derecho a votar y que, por lo tanto, tenían propiedades, sabían leer y escribir, eran mayores de 21 años. Entonces, era algo menor al 1% de la población. O sea, la relevancia que tenía el proceso era prácticamente para aquellos que podían votar”.
Algo parecido sostiene Claudia Heiss, jefa de Ciencias Políticas del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, acerca de los primeros eventos de este tipo, en la historia chilena. “Los plebiscitos anteriores, e incluso las elecciones presidenciales, son difíciles de evaluar desde una perspectiva democrática porque votaba muy poca gente. Antes de la renovación de la cédula única, las elecciones eran muy controladas”.
La evaluación cambia cuando se trata del plebiscito de 1925, el primero del siglo XX. Se desarrolló el 30 de agosto de ese año, de acuerdo a lo planificado por el presidente Arturo Alessandri, quien determinó que el texto fuera escrito por una comisión consultiva que convocó a distintas fuerzas políticas. Las restricciones, sin embargo, se flexibilizaron sólo parcialmente: no participaron las mujeres, ni los analfabetos. Así, registró poco más de 134 mil votos.
Pese a eso, para Fuentes se trata de “uno de los más importantes del siglo. Estableció una Constitución que duró bastante tiempo y se transformó en un ejercicio democrático interesante de la ratificación. Tiene más amplitud, pero por supuesto que no todavía la suficiente”.
Lo importante de los plebiscitos, dice Hugo Tórtora, doctor en Derecho y académico de Derecho Constitucional de la Universidad Andrés Bello, es que “la autoridad está obligada a aceptar la voluntad de los ciudadanos”. No es lo mismo cuando se trata de consultas ciudadanas, ya que el resultado no es vinculante. “Algunos ejemplos son la consulta de 2007 en Concepción o la de 2014 en Santiago. También la del año pasado, cuando algunos alcaldes consultaron a sus comunas si querían o no una nueva Constitución, donde fueron procesos locales y acotados”, sostiene.
Debido a eso, Heiss sostiene que los plebiscitos podrían tener una connotación no tan positiva desde el punto de vista democrático. “Porque es la apelación al pueblo para ratificar decisiones de la autoridad. Entonces, puede tener un giro autoritario. En cambio, el referéndum está más controlado por la ciudadanía. En un plebiscito, la pregunta o la forma en cómo se realiza la pregunta puede empoderar más a los que ya están en el poder”, asegura.
Y es ésta problemática la que se hace presente en los siguientes procesos que se realizaron en Chile. Los plebiscitos de 1978 y de 1980 aún son fuertemente cuestionados por su legitimidad debido a que fueron realizados bajo la dictadura de Augusto Pinochet y no contaron con garantías de transparencia.
“En primer lugar, tenían como contexto un país donde sin libertad de expresión, con periodistas encarcelados, sin registro electoral, sin poder hacer una campaña”, sostiene Tórtora. “Si analizamos el plebiscito de 1978, tiene un fin particular y ese es que en 1977, Naciones Unidas objetó la legitimidad del régimen de Pinochet por una decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con 93 votos a favor de esta resolución condenatoria y sólo 14 votos en contra, donde la gran mayoría eran países latinoamericanos”, asegura.
Es así como el régimen convocó al proceso para lograr un respaldo de la ciudadanía bajo la votación sí o no a la pregunta: “Frente a la agresión internacional desatada en contra de nuestra patria, respaldo al Presidente Pinochet en su defensa por la dignidad de Chile y reafirmo la legitimidad del Gobierno de la República para encabezar soberanamente el proceso de institucionalidad del país”.
“La pregunta fue muy manipuladora. Es una pregunta totalmente dirigida. Y eso significó una aprobación de un 79% de la pregunta que propuso la junta de gobierno. Legitimidad no tuvo ninguna”, dice Tórtora.
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La consulta en el año 1980, en cambio, planteó definiciones constitucionales pero también la permanencia de la dictadura por ocho años, y un nuevo plebiscito, en 1988, para definir si Pinochet se mantenía en el poder por otros nuevos ocho años. “Yo he planteado que es un fraude por las condiciones en las que se dio, no cumple con ningún estándar mínimo de transparencia: no tenía padrón electoral, los vocales eran designados por la dictadura, no había servicio electoral o alguien que corroborara los votos y la oposición no pudo participar”, sostiene Claudio Fuentes.
En este contexto de desconfianza y restricciones a las libertades personales es que se produce el plebiscito de mayor importancia nacional, dicen estos expertos: el del ’88. Para Claudia Heiss, se trata de algo que “realmente cambió la historia política y donde el reconocimiento de la derrota de Pinochet fue lo más determinante, porque la dictadura podría no haberlo reconocido. Este plebiscito, en cuanto a ejercicio democrático, es el que ha tenido más repercusiones”.
Hugo Tórtora sostiene que su importancia es cronológica, porque “pone término a un régimen dictatorial de larga duración, pero además desde el punto de vista ciudadano. Porque logró unirla en un fin común para iniciar un proceso democrático”.
Fuentes, en tanto, destaca su relevancia como ejercicio democrático: “la oposición hizo exigencias mínimas. Por ejemplo, que existiera un servicio electoral, que se contaran los votos, que existieran apoderados, que existiera veedores internacionales, que existiera franja y campaña. Y lo otro es que por primera vez en la historia de chile tienes participación de toda la ciudadanía, el voto de la mujer estaba establecido, también el de los analfabetos, y por lo tanto, la ciudadanía se manifiesta en su máxima expresión”.
Y aunque pasó sólo un año para que un nuevo plebiscito se convocara -el del paquete de 54 reformas a la Constitución llevado a cabo en 1989, aproabado con un 85,7% de los votos-, este fue menos participativo.
De cara a la votación del 25 de octubre próximo, es que la académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile cree que el plebiscito del ’88 es con el que se pueden establecer las mayores similitudes. Para Heiss, es “una consulta para cambiar la conducción política y para cambiar las reglas del juego. Ambos abren un proceso democrático, no lo cierran”.
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Aunque, advierte, hay riesgos como lo ocurrido en Bolivia en 2016 cuando, dice, se agregó la reelección al cambio constitucional, lo que no era una demanda ciudadana. “Debe haber un espíritu participativo y vigilante, porque si gana el Apruebo, en agosto de 2022 hay que ratificar la nueva Constitución. Si quedan normas que a la mayoría de la gente no le gustan, va a ser demasiado tarde para modificarla, y como chilenos tendremos que pronunciarnos sí o no; si quiere sí cambie aunque tenga cosas que no le gusten, o prefiere volver a la constitución de 1980”, asegura.
Para Hugo Tórtora, en cambio, octubre dejará a Chile posicionado como el primer país latinoamericano en convocar a un proceso de este tipo. “El hecho de la doble pregunta del plebiscito del 2020 es una novedad no sólo para la historia de Chile. Lo habitual es que se pregunte si quiere o no una asamblea constituyente, y ahora responderemos si queremos o una constitución y eso es novedoso. Además, no se ofrece como única alternativa una asamblea constituyente o convencional constitucional, también se propone una convención mixta, lo que también es muy nuevo en la región”, indicó.
Las actividades están enmarcadas en el lema "Salgamos a jugar", por lo que el énfasis estará en los juegos tradicionales y la "transmisión intergeneracional de la riqueza cultural". La jornada se realizará en 16 regiones del país.
