El académico reconoce que todo este proceso de cara a un nuevo pacto social y político genera incertidumbre. "Un proceso constituyente, naturalmente, genera una incertidumbre mayor que la habitual en el sentido que las cuestiones que, normalmente, no están en discusión, tendrán que ser discutidas", dijo.
La discusión sobre si Chile necesita o no una nueva Constitución se ha relevado desde los hechos de octubre de 2019, pero es un tema que desde mucho antes algunos actores políticos habían puesto en la agenda pública que para resolver los problemas del país era necesario una nueva Carta Magna.
Uno de estos políticos, que además señalaban la necesidad de que el mecanismo fuera vía Asamblea Constituyente, ha sido el abogado Fernando Atria. Para analizar este tema en este capítulo de Nuevo Pacto, Daniel Matamala conversó con el abogado que advierte la situación de deslegitimación institucional que a su juicio generó la crisis en el país.
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“Lo que Chile ha vivido por lo menos en los últimos 15 años, con momentos de aceleración, es un notorio proceso de deslegitimación institucional, que nos ha llevado al estado avanzadísimo del proceso en el que estamos hoy día. Todas las instituciones públicas están en cuestión. Hoy todas las instituciones están en crisis“, señaló.
El también académico de la Universidad de Chile considera que esta situación que alertó desde hace varios años era evidente que debió ser solucionada de una forma razonable, pero que por no hacerlo ahora debe ser afrontada desde un estallido social con fuerzas ciudadanas y políticas que reclaman una nueva Constitución.
“La Constitución lo que hace es que constituye la política, por eso se llama así, constituye la política de la República. Esta Constitución que tenemos nosotros, es una Constitución que fue creada para neutralizar, incapacitar a esa política para que no pueda tomar decisiones transformadoras”, sostuvo el abogado.
Cuestionó la forma en la que la actual Constitución incide en la política chilena y, a su juicio, esté supeditada a los factores de poder. “Una política democrática tiene que estar diseñada, para poder actuar en condiciones en que siempre va a haber quien defienda el status quo. Y la Constitución del ochenta, lo que hace es diseñar una política en que los defensores del status quo tienen la última palabra”.
El académico reconoce que todo este proceso de cara a un nuevo pacto social y político genera incertidumbre, pero además, considera que pone de relieve algunas anomias producto de la actual Constitución. “Un proceso constituyente, naturalmente, genera una incertidumbre mayor que la habitual en el sentido que las cuestiones que, normalmente, no están en discusión, tendrán que ser discutidas. Ahora, yo creo que en la crítica a estas cuestiones, especialmente a la hoja en blanco, surgen varias de las patologías que se nos presentan como naturales, como normales, como consecuencia de vivir 30 años bajo esta Constitución”
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“En la tradición democrática la ley es la mayor garantía del ciudadano. La ley, se supone, es el modo civilizado de decidir solucionando el conflicto político. Pero nosotros bajo la influencia, creo yo nefasta, de la lógica de esta constitución, hemos llegado a pensar que si algo queda para la ley eso es totalitarismo. O sea, hemos dado vuelta los conceptos democráticos”, acotó.