Juan Valladares y los vecinos de la zona Quintero-Puchuncaví se preparan para el fin de los alegatos por la crisis ambiental y sanitaria. "Nos hemos topado con un muro de dinero que evita que podamos tener justicia", acusa.
El próximo jueves culminan los alegatos de los recursos de protección interpuestos ante la Corte Suprema por la crisis sanitaria y ambiental en Quintero y Puchuncaví. Las comunidades afectadas aseguran que Codelco Ventanas es la principal responsable de la contaminaciónque ha provocado intoxicaciones de menores.
En entrevista con Última Mirada, el ingeniero ambiental y vocero de la Asamblea Puchuncaví, Juan Valladares, afirmó que la división de Codelco emplazada en la zona “emite 100 toneladas de metales pesados al año, de las cuales 48 son toneladas de arsénico”.
Valladares explicó que los recursos de protección “buscan defender la salud de los niños y las personas expuestas en las zonas de sacrificio. El proceso productivo principal de contaminación es la fundición Codelco Ventanas y esto tiene un funcionamiento continuo, así que puede salir de la palestra de la noticia, pero el sacrificio sigue en Quintero y Puchuncaví“.
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El dirigente catalogó la crisis como un “genocidio” y sostuvo que “con nuestros propios impuestos estamos matando a nuestros hijos, causando estos daños irreparables”.
Alegan que “una fundición de cobre nunca puede estar cerca de una población, ese fue el primer error que se cometió acá, y con el tiempo se han ido sumando diversos informes que dan consistencia de que la zona de sacrificio es por metales pesados”.
Foto: Agencia UNO.
Además, afirmó que “tenemos cerca de 10 kilómetros de mariscos contaminados saliendo al mercado”, mientras que el último informe señala también que las hortalizas están contaminadas.
“Esperamos desde el punto de vista estrictamente técnico que la fuente de contaminación salga de ahí“, afirmó Valladares.
Sin embargo, también acusó que “nos hemos topado con un muro de dinero que evita que podamos tener justicia”.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
