Luego que la justicia norteamericana declarara "inconstitucional" que el presidente Donald Trump bloquee a un ciudadano en su cuenta personal, muchos se han preguntado si es legítimo que una institución pública o una autoridad política lo haga en Chile. La Contraloría se ha pronunciado al respecto.
Un tribunal de Nueva York determinó que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, no tiene derecho a bloquear a un usuario en Twitter.
La resolución señala que la Constitución garantiza la libertad de expresión y un funcionario público “no puede excluir a personas de un diálogo abierto en Internet” sólo por haber expresado una opinión contraria a su gusto.
El dictamen se produjo luego que varios usuarios presentaran una demanda en julio de 2017 en contra del mandatario, donde alegan que fueron bloqueados por hacer críticas a su gestión.
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En Chile la situación no es muy distinta. En redes sociales se repiten los comentarios de personas que han sido bloqueadas en Twitter por autoridades políticas e incluso por cuentas institucionales.
Por ejemplo, el diseñador publicitario Ignacio Aballay (@ignacioaballay) fue bloqueado en las cuentas oficiales tanto por elpresidente Sebastián Piñera como por Cecilia Pérez, actual vocera de Gobierno.
Aballay recuerda que el mandatario lo bloqueó durante su primer gobierno y dice que el motivo ni siquiera lo recuerda. “Ellos tienen que considerar que se deben al 100% de los ciudadanos. Hoy en día, Piñera me niega la posibilidad de saber sobre las actividades de la presidencia, como también su opinión en diferentes temas. Claramente me perjudica que me tenga bloqueado”, afirma.
Por su parte, el lunes pasado el usuario Luis García H (@luchogarciah) reclamó que había sido bloqueado por la cuenta oficial del Ministerio de Agricultura. “¿Es adecuado que un medio de comunicación oficial del gobierno bloquee el acceso a quienes lo financiamos con nuestros impuestos?”, se preguntó.
En varias oportunidades, Contraloría se ha pronunciado acerca de las cuentas institucionales en redes sociales -ya sean de ministerios, subsecretarías, gobernaciones, municipalidades o cualquier otro órgano público- y la respuesta es clara: éstas no deben bloquear a ningún ciudadano, dado que son “bienes institucionales”.
“Al tratarse de cuentas que son financiadas con recursos públicos, no pueden excluir a ninguna persona ni tampoco pueden ser utilizadas para hacer proselitismo político”, explica Pablo Viollier, analista de políticas públicas y vocero de la ONG Derechos Digitales.
Sin embargo, el pasado 4 de junio, la Contraloría se pronunció por primera vez respecto a las cuentas personales de las autoridades. Esto luego que una persona denunciara que el ex ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, lo había bloqueado en Twitter.
“En México o Estados Unidos ya habían casos similares, incluso mucho tiempo antes de la resolución que se conoció sobre Trump. En esos países se había establecido que el hecho que autoridades políticas bloqueen a ciudadanos es una restricción desproporcionada al derecho de acceso a la información, aunque sean sus cuentas personales. Esto bajo el criterio de que las autoridades políticas están sujetas a un nivel de fiscalización y escrutinio mayor que un ciudadano común y corriente, y por tanto están más expuestas”, explica Viollier.
“En cambio, en la resolución de la Contraloría hay una salida más formal y lo que dicen es: se trata de la cuenta personal del ministro, y es él quien decide a quién bloquear y a quién no“, agrega el especialista.
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Precisamente, aunque el dictamen del contralor Jorge Bermúdez reconoce que en Chile debe primar la libertad de expresión e información, determina que no puede solicitar al ministro que desbloquee al ciudadano, porque se trata de “una cuenta de carácter privado de una persona que ejerce como autoridad de gobierno y que no afecta la probidad administrativa, por lo que queda dentro del ámbito particular de la misma”.
“Estoy en desacuerdo con la decisión de Contraloría. La libertad de expresión tiene una doble fase: el poder expresar lo que uno quiera, pero también poder informarse por los canales que uno estime adecuados. Y acá el argumento que entregó el Ministerio de RR.EE. a Contraloría fue que, aunque el ministro bloqueara al ciudadano, la cuenta del ministerio no bloquea a nadie. Pero de todas formas hay pronunciamientos que sólo se hacen por Twitter, por ejemplo el presidente de la República. Por lo tanto, que un ciudadano esté bloqueado impide que se informe”, concluye el representante de ONG Derechos Digitales.
Si una persona fue bloqueada por una autoridad o por una institución pública, tiene dos caminos a seguir. El primero, más simple y práctico, entrar a dicha cuenta de Twitter a través de Google sin haber iniciado sesión.
“Todos los políticos tienen sus cuentas públicas. De esa forma no podrás interactuar, pero sí podrás ver lo último de su timeline”, explica Viollier.
La segunda alternativa, aunque más radical, podría ser más efectiva: presentar un recurso de protección en la Corte de Apelaciones y pedir el desbloqueo de su cuenta.
“Hasta ahora sólo ha habido jurisprudencia de la Contraloría. En Chile, al menos que yo conozca, nadie ha recurrido a una instancia judicial en la sede de protección“, finaliza.
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La periodista de CNN Chile agradeció la distinción y recordó la trayectoria de Correa, quien es recordada como la entrevistadora más importante de la historia de Chile.
