Una encuesta de Fundación Eutopía, realizada en 213 comunas del país, permitió entregar una percepción detallada de lo que piensa la ciudadanía acerca de la política nacional de drogas y de las normas que regulan el uso de la cannabis. Indican que los resultados son claves dentro de la discusión del proyecto de “ley antinarcos” presentado por el Gobierno.
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“Jamás nos rendiremos frente a este maligno, cruel y letal enemigo. Todo lo contrario, lo vamos a combatir con todos los instrumentos que nuestra democracia pone a nuestra disposición”.
Con esas palabras, el pasado 8 de junio, el presidente Sebastián Piñera anunciaba el envío al Congreso de un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra el narcotráfico.
En la oportunidad, agregó que el combate contra las drogas se haría “atacando sus recursos, bienes, su economía y poniendo estos recursos y bienes a disposición de las policías que combaten el narcotrafico o en beneficio de la comunidad”.
La iniciativa, que busca modificar la actual ley 20.000, ingresó ese mismo día con urgencia y actualmente es discutida en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Desde allí, el proyecto ha sido analizado por organizaciones como Fundación Daya, Mamá Cultiva y Fundación Eutopía, quienes coinciden en que, de aprobarse esta propuesta, no se logrará perseguir de manera más eficaz el narcotráfico y que, al contrario, podría generar una persecución para los usuarios de cannabis.
Para aportar al debate, la Fundación Eutopía, a través de la consultora Túinfluyes, quiso recabar la opinión de la ciudadanía: el 63% de los encuestados creen que la aplicación de la actual ley de drogas no distingue claramente delincuentes de personas que consumen, mientras que el 82% se manifestó “de acuerdo/muy de acuerdo” en que es necesaria una nueva regulación sobre cannabis.
Claudio Venegas, director de Fundación Eutopía, asegura que con este estudio “queríamos saber si la gente evaluaba si era necesario una posible nueva legislación”.
Agrega que “esto va más allá de las típicas preguntas sobre si se debe legalizar o no, si la usas o si estás a favor del autocultivo. Le plantea a la gente la posibilidad de una nueva regulación, acerca de la posibilidad de generar un polo industrial para Chile en torno a la industria del cáñamo, preguntamos acerca de la viabilidad de un mercado regulado del cannabis en Chile para la población adulta”.
En cuanto a quienes se declaran consumidores, un 69% se declaró no consumidor, el 17% se declaró consumidor recreacional o social y un 14% consumo medicinal. El estudio fue aplicado a mayores de edad de 213 comunas del país, equivalentes al 91,8% de la población chilena, con una muestra total de 1.987 casos.
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Acerca de un abastecimiento de cannabis y la regulación de un mercado, un 34% está a favor de que sea a través de tres sistemas: autocultivo, asociaciones de usuarios y un mercado regulado. Esta última alternativa es respaldada por el 29% de los encuestados, a la vez que el 59% se está de acuerdo o muy de acuerdo con que desarrollar una industria del cannabis permitiría generar empleo.
“Nuestra hipótesis de trabajo era que habían motivos para priorizar el cannabis en una nueva regulación y lo confirmamos”, indica Venegas. “Le preguntamos a las personas si eran o no usuarias y de qué tipo eran. Y tenemos que, de este universo de 13 millones y medio de personas, poco más de cuatro millones de mayores de edad se identificaban con algún tipo de uso, lo que es enorme. Y dentro de estos, la mayoría, cerca de dos millones y medio, tienen un uso recreacional. El resto lo utiliza de manera medicinal”, agregó.
Ana María Gazmuri, directora ejecutiva de Fundación Daya, sostuvo que los datos son “muy interesantes, porque nos dan por primera vez un número real de las personas que consumen cannabis en Chile. Hasta el momento, eso no lo sabíamos, no se había podido pesquisar correctamente”.
Gazmuri asegura que los resultados deben ser considerados para el desarrollo de políticas públicas, ya que son una realidad nacional: “Y ahí vemos una crítica importante, porque la inmensa mayoría cree que no se distingue entre consumidor y delincuente. Ese es un problema gravísimo. Y no olvidemos que el uso de sustancias en Chile son todos lícitos, por lo que se ve un enfoque que criminaliza a la población que consume”.
El proyecto que endurece las penas contra el narcotráfico considera el fortalecimiento del Senda, permite la enajenación temprana de los bienes incautados al narcotráfico e incorpora un nuevo tipo penal que sanciona a quienes induzcan a menores de edad al consumo de drogas. Además, amplia las entidades que pueden realizar el protocolo de análisis químico de la droga, sumando a Carabineros.
Fundación Eutopía, junto a Fundación Daya y Mamá Cultiva, en tanto, lograron introducir indicaciones que permiten instruir al Ministerio Público para que, en conjunto con la sociedad civil, se elabore un instructivo cualitativo/cuantitativo sobre las diferencias entre consumidores y traficantes en un plazo de seis meses, y frente a esto, un propuesta de tabla de gramajes, plantas, etc.
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Ana Luisa Joaunnen, presidenta del directorio de Corporación Esperanza, por su parte, comentó los resultados indicando que “lo importante es cuidar la salud de la población y cómo nosotros logramos que menos personas consuman porque tenemos un problema grave”. Se refiere a los indicaron que demuestran que 12,7% de los chilenos consumen marihuana según el décimo tercer estudio nacional de drogas realizado por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda).
Joaunnen asegura que “no es realista plantear una regulación en mayores de 18 que no impacte en los menores” aunque considera positivo avanzar en la distinción entre consumidor y delincuente.
“Todo lo que sirva para distinguirlos es bueno, pero hay que ponerse de acuerdo en el cómo se hará. Esto no debe significar la legalización, pero sí hacer efectivo el concepto de que en Chile el consumo es una falta y no un delito. Y por lo tanto, debe ser atacada como una falta, y donde considere medidas preventivas, con enfoque de salud y no punitivo.
Al consultar a Senda sobre esta encuesta, hasta el final de esta edición, no respondieron a nuestra solicitud.
