La semana pasada comenzó la tramitación que permite a los CFT e IP ingresar a la gratuidad por la vía de que estas pasen a ser instituciones sin fines de lucro. Sin embargo, desde estas instituciones han surgido cuestionamientos sobre qué tan voluntario es efecto el proceso.
El rector de Inacap y presidente de Vertebral, Gonzalo Vargas, aseguró que “para los actuales dueños eso representa una suerte de expropiación”, y que si bien han manifestado su voluntad para realizar el cambio, “las condiciones que está poniendo el Gobierno lo hacen bastante inviable”.
La Corte sostuvo que, en esta etapa, basta la “justificación” de los delitos y que la defensa no logró desvirtuar el peligro para la seguridad de la sociedad. También descartó que el artículo 324 del COT opere como excusa para el cohecho y apuntó al “carácter organizado” del presunto plan, además de las altas penas asociadas.