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El fiscal del Caso Caval, Luis Toledo, en entrevista con CNN Chile sostuvo que llevan la investigación penal “como otras”, pese a que reconoce que tiene “una complejidad penal mayor” al estar involucrada la familia de la Presidenta de la República. “[Pero] vemos involucradas aquí a personas más que familias”, sostuvo.
Asimismo, explicó que se trata de una investigación compleja debido a que al comienzo dudaban de la profundidad penal que tenía el caso y si esta podría tener alcances de sanciones.
El Fiscal Toledo además recalcó que la reunión que existió con el Banco de Chile, y el tema del crédito otorgado, “no implica la comisión de delitos funcionarios”, pero sí impulsó a otras diligencias que permitió acreditar otros tipos penales.
“No hay tráfico de influencias, porque no hay ningún funcionario público”, explicó el fiscal.
Respecto al actuar del Servicio de Impuestos Internos, el fiscal Toledo explicó que en la carpeta investigativa entregaron “una serie de antecedentes” y que aunque el servicio pudo demorarse, “lo único concreto es que el día 4 de enero el servicio inició su facultad de querellarse”.
Respecto a la comisión investigadora, el fiscal Toledo explicó que existió una coordinación “para efectos de citaciones” y que “hubo antecedentes que aparecieron que no estaban necesariamente en carpeta” de impacto público pero no judicial, como la información en el computador de Sebastián Dávalos.
“La pena que arriesga la señora Compagnon, en el caso de ser condena, es una pena en cumplimiento de libertad, que alcanza entre 3 años y 1 día a 5 años, por lo que la solicitud de cautelares debe ser adecuada y proporcional a la eventual pena que arriesga a cumplir“, explicó Toledo.
Asimismo, sostuvo que las personas que “hipotéticamente” más arriesgan en la formalización que llevan adelante son Herman Chadwick, Juan Díaz y Mauricio Valero, pero que no concretaron la prisión preventiva debido a que sus defensas accedieron al plazo de un año en la investigación para “avanzar a un paso seguro” y, por ende, consideraron “prudente” acceder a un arresto domiciliario para esclarecer el hecho.
Respecto a Sebastián Dávalos, el fiscal Toledo explicó que no se ha pedido el sobreseimiento definitivo y que existiría “un interés” de solicitar esa salida. Pero aunque por ahora no existen antecedentes para formalizar cargos, “todavía queda una investigación pendiente”.
“Si estuviésemos en otros países, las conductas que están siendo imputadas en estos casos arriesgarían sanciones muy severas”, puntualizó afirmando que la sociedad debe “repnesar” cuáles son los bienes jurídicos que se quieren resguardar, como la honestidad.
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