Después de dos años de trabajo prelegislativo, finalmente la reforma de Educación Superior está lista para ser ingresada al Congreso, sin embargo, las críticas de la oposición, dirigentes estudiantiles y rectores.
El Ejecutivo pretende sancionar a quienes no devuelvan los recursos indebidamente apropiados, con hasta cinco años de cárcel y dejó sujeta la gratuidad al aumento de la carga tributaria. Al año 2020, el beneficio recién podría llegar al sexto decil. Para los estudiantes, esto significa una traición al programa.
G9 mostró su preocupación por la regulación de aranceles y fondos basales, que en el caso de las universidades estatales habrá uno especial. También habrá un fondo inédito de investigación para las privadas en régimen de gratuidad .
La Corte sostuvo que, en esta etapa, basta la “justificación” de los delitos y que la defensa no logró desvirtuar el peligro para la seguridad de la sociedad. También descartó que el artículo 324 del COT opere como excusa para el cohecho y apuntó al “carácter organizado” del presunto plan, además de las altas penas asociadas.